La presunta estafa inmobiliaria de VPO denunciada por miembros de siete cooperativas vitorianas no sólo tendrá eco en los tribunales. Las instituciones públicas también han tomado cartas en el asunto con el fin de que "los afectados padezcan los menos trastornos posibles". Fue el año pasado cuando propietarios de los pisos, emplazados en los barrios de Salburua y Zabalgana, acudieron al Ayuntamiento de Vitoria para comunicar que estaban siendo víctimas de "numerosas irregularidades" en el proceso de compra de su vivienda. Y el departamento de Urbanismo deicidió intervenir.

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