El Tribunal de la Unión Europea ha publicado hoy la sentencia que respalda el Concierto Económico. La Corte de Luxemburgo ha asergurado que las tres diputaciones forales vascas podrán mantener y desarrollar su capacidad para fijar los impuestos vigentes en el País Vasco, aunque no coincidan con los del resto de España. Además, ha instado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a que determine si el País Vasco cumple con todos los requisitos de autonomía fiscal exigibles.

En su fallo de hoy, el Tribunal de Luxemburgo da por sentado que la comunidad autónoma vasca goza de autonomía institucional, al contar con un estatuto político y administrativo distinto al del Gobierno central.

En cuanto a la autonomía de procedimiento, recuerda que dicho criterio se cumple si no hay interferencia posible del Ejecutivo en sus decisiones, pero señala que debe ser el TSJPV el que lo verifique.

Por último, respecto a la autonomía económica y financiera, incide en que ésta exige que las consecuencias de una reducción impositiva en la región "no se vean compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del Gobierno central".

Sobre este punto, los jueces europeos destacan que, aunque el Cupo vasco -que regula el pago de la Hacienda vasca al Estado central por los servicios que éste presta en la comunidad autónoma- se calcula, en principio, a partir de criterios técnicos, su fijación resulta de "negociaciones esencialmente políticas". Así, señala que uno de los datos esenciales para el cálculo del Cupo es el llamado 'coeficiente de imputación', que en teoría refleja el peso relativo de la economía vasca en el conjunto de España, pero recalca que la cifra final sale de la discusión política. El Tribunal de Justicia advierte, en ese contexto, que una infravaloración del citado coeficiente "tan sólo puede constituir un indicio de una falta de autonomía económica de los territorios históricos". En cualquier caso, la corte europea concluye que corresponde al TSJPV determinar si el proceso de fijación del 'coeficiente de imputación' tiene por objeto permitir al Gobierno central compensar la pérdida de ingresos derivada de las rebajas fiscales.

También aconseja al Tribunal vasco verificar si determinadas normas forales pueden implicar "compensaciones ocultas" en sectores como la Seguridad Social o la garantía por parte del Estado español de un servicio público mínimo o incluso en el funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial.

Agencias y DATO digital.

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