"Es el propio sistema que tenemos montado el que genera la exclusión social. Las administraciones tienen que valorar que hay gente que necesita unos recursos básicos. Hay personas que jamás hubieran pensado que llegarían a una situación de pobreza, pero por diversos motivos, como un divorcio o un despido, sufren un descenso en sus ingresos".

"Tiene que haber una correspondencia entre el salario mínimo interprofesional y la renta básica. Por eso, nosotros hemos equiparado la renta básica al SMI, pero esto tiene como consecuencia una desmotivación por parte del ciudadano para buscar empleo".

"Si yo hago una evaluación de la renta básica y veo que se está aplicando mal, lo último que tengo que hacer es suspenderla. Nuestra idea siempre es la de mejorar y conseguir la inserción sociolaboral de los perceptores. Ahora bien, sabemos que hay colectivos, como el de toxicómanos, que es muy difícil de reinsertar. Además, si tenemos 35.000 perceptores de renta básica, un porcentaje muy importante tiene más de 65 años. Y esos tampoco están habilitados para trabajar". 

"La gente tiene asumido que disfruta de derechos. Pero ello también supone hacer algo por su parte. Siempre hay quien se quiere pasar de listo. A veces, nos encontramos con padres y madres que solicitan ayudas por separado. Pero trampas hay en muchos campos. Hay ciudadanos que en vez de pagar la Seguridad Social a la empleada de hogar, se lo ahorran. O profesionales que no cobran el IVA, o propietarios de VPO que tienen otra vivienda y la ponen a nombre de su mujer... Creo que el fraude que se comete en el caso de las ayudas sociales no es de los más importantes". 

"Es posible que la repercusión de la crisis no sea inminente. Pero si se prolonga en el tiempo, aumentará de forma notable el número de beneficiarios de los servicios sociales".

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