"En una ciudad como Bilbao, el reparto de la riqueza debe tenerse en cuenta. Es una obligación de las administraciones ayudar. Pero los recursos siempre son insuficientes. Es muy difícil satisfacer todas las necesidades. El gasto de las instituciones en este aspecto está muy por debajo de la demanda potencial. Por eso, hay que gestionarlo de la mejor manera posible".

"Me parece muy importante vincular las ayudas sociales a algún tipo de obligación en determinados colectivos. No existe un sistema concreto en este sentido. La puerta de entrada de todos los servicios sociales le corresponde al Ayuntamiento, pero no tiene suficientes recursos. Además, sufrimos las consecuencias de leyes aprobadas en otros ámbitos, como el complemento de pensiones o la Ley de Dependencia. Cuando se aprobó esta norma en Madrid, se crearon problemas presupuestarios en otras instituciones, y eso hay que evitarlo". 

"En marzo, presentamos una serie de medidas concretas para controlar más la gestión de las ayudas sociales. Queríamos limpiar nuestra propia imagen. Existe una opinión generalizada de que hay mucho cachondeo, que las ayudas se dan sin ton ni son, y eso no es cierto. La mayoría de los perceptores son merecedores, pero también es verdad que hay gente que nos engaña". 

"Habíamos percibido que había personas que no contaban la verdad. Por eso, es necesario comprobar si los ingresos que nos dicen tener se corresponden con la realidad y también corroborar con quién viven". 

"También hay que reconocer que la coordinación interinstitucional es deficiente. Existen problemas de coor­dinación informática y, a veces, es difícil intercambiar informes con otras administraciones". 

"Ya se ha empezado a notar un poco el efecto de la crisis, pero es probable que se note aún más. La gente que vivía antes al límite necesitarán nuestras ayudas en la medida en que la crisis impacte en la ciudad. Y habrá que atenderles".

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