Sobre la necesidad de que las administraciones públicas ofrezcan ayudas sociales a las familias más desfavorecidas no existe la menor discusión. La polémica surge cuando aparece la palabra fraude. Lo cierto es que hay ciudadanos que cobran las ayudas al tiempo que habitan pisos y conducen vehículos que teóricamente están fuera de su alcance. Pero, ¿cómo se puede evitar esta picaresca? DATO BIZKAIA ha querido poner encima de la mesa esta cuestión y ha reunido a cuatro expertos para que aborden el tema: Ricardo Barkala, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao; Mikel Marañón, director de Evaluación del área de Inserción Social del Gobierno vasco; Mikel Ruiz, director de Cáritas; y Enrique Ordiales, director de Lagun Artean. 

Hace apenas seis meses, el Consistorio bilbaíno se propuso erradicar las irregularidades. Empezó a investigar los expedientes con el objetivo de echar el cerco a aquellos perceptores que se benefician de las ayudas sin merecerlo. Y los inspectores "se están encontrando con cosas increíbles". Como el caso de un matrimonio que residía en Galicia mientras cobraba la prestación en la capital vizcaína. En realidad, el 15% de los receptores  se escuda en la trampa. "El resto, el 85%, hace las cosas bien", se congratula Ruiz. 

Los asistentes al encuentro de DATO coincidieron en que éste no es el único fraude que debería preocupar ni a las instituciones ni a los ciudadanos, que en ocasiones "tienen una imagen confundida de las ayudas sociales". Los engaños entre las propias clases desfavorecidas, por ejemplo, es un negocio cada vez mayor. Si antes se pedía 100 euros por empadronar a un inmigrante en un piso, ahora se llega a pagar hasta 300 euros. "Hay gente a la que no le importa tener a personas hacinadas en una casa, durmiendo en la cocina... Y eso sí que es un fraude", sentencia Ordiales.

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